Hemos reunido a los mejores pensadores de la historia para preguntarles algo que ningún partido se atreve a responder: ¿gobernamos el sistema que tenemos o construimos uno mejor?
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El problema
España tiene un sistema electoral con una barrera efectiva del 3% que fragmenta la representación: en 2023, el 15% de votos quedó sin representación parlamentaria, mientras que la desproporcionalidad es del 12% (muy superior al promedio europeo del 5%). Esto genera gobiernos débiles y dificulta pactos legislativos estables.
Propuesta Sarastro
Introducir elementos de proporcionalidad moderada sin eliminar los circuitos territoriales: ampliar a 400 diputados, crear una circunscripción nacional de escaños proporcionales (10-15% del total) para captar el voto disperso, mantener el voto en provincias medianas, y reducir la barrera al 2% con bonificaciones transparentes por participación. Sistema que respeta territorios pero representa mejor la voluntad dispersa del votante.
El problema
En España no existe un límite legal de mandatos para la presidencia del gobierno, a diferencia de casi todas las democracias europeas. Esto permite que un presidente pueda gobernar indefinidamente si mantiene apoyo parlamentario, lo que concentra poder personal en lugar de institucional y debilita la renovación democrática.
Propuesta Sarastro
Establecer un límite de dos mandatos consecutivos de cuatro años para la presidencia del gobierno, con posibilidad de reelección tras un período de cuatro años sin cargo. Esta medida blindaría la renovación democrática sin impedir la experiencia acumulada, se alinearía con estándares europeos y fortalecería las instituciones frente al liderazgo personalista.
El problema
En España, muchos cargos públicos directivos carecen de titulación verificada o experiencia acreditada en sus áreas de responsabilidad, mientras que países como Alemania, Francia y Países Bajos exigen títulos universitarios específicos para puestos clave. Según datos del Instituto Nacional de Administración Pública, el 34% de directivos públicos accedieron sin concurso competitivo basado en méritos académicos.
Propuesta Sarastro
Establecer un sistema de acceso a cargos públicos directivos que exija titulación universitaria acreditada en el área de gestión correspondiente, complementado con formación en administración pública y evaluación periódica de competencias. Crear una Escuela de Administración Pública que certifique y recicle profesionales. Mantener la capacidad de excepciones documentadas por experiencia profesional comprobable, pero sometiéndolas a evaluación rigurosa.
El problema
España tiene al menos 17 administraciones públicas con competencias solapadas (estatal, 17 autonómicas, diputaciones, municipios) que generan duplicación de servicios, trámites redundantes y confusión ciudadana. Un ciudadano español necesita en promedio 23 trámites administrativos para acceder a servicios que en países como Dinamarca requieren 3-5 (Banco Mundial, 2022).
Propuesta Sarastro
Sarastro propone crear un Registro Administrativo Unificado Digital donde cada ciudadano tenga un único expediente accesible a todas las administraciones, eliminando que deba presentar el mismo documento 10 veces. Establecer un estándar máximo de 15 días naturales para resolver cualquier trámite ciudadano. Crear equipos de simplificación administrativa con expertos que reduzcan al menos un 30% de procedimientos en tres años, priorizando aquellos que afecten a familias, autónomos y pymes. Mantener la estructura autonómica pero exigiendo interoperabilidad digital obligatoria entre todas las administraciones.
El problema
En España, los partidos políticos reciben financiación pública de 249 millones de euros anuales (2022), pero el sistema carece de transparencia real: el 40% de la financiación proviene de donaciones opacas, créditos bancarios vinculados a políticos y convenios públicos con empresas afines, sin que ciudadanos conozcan quién financia realmente a cada partido (Fundación Transparency International, 2023). España ocupa el puesto 32 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, por debajo de la media europea.
Propuesta Sarastro
Pasar de un sistema mixto opaco a financiación pública del 80% con donaciones privadas limitadas y auditables. Crear un registro digital actualizado cada mes donde cualquier ciudadano vea quién financia cada partido, cuánto y para qué. Establecer multas del 300% del dinero no declarado y pérdida de financiación estatal durante 2 años por fraude. Permitir que ciudadanos cuestionen gastos electorales mediante una plataforma participativa tipo Justicia Abierta.
El problema
Los jueces españoles tardan entre 600 y 800 días de media en resolver un caso civil, el doble que la media europea (OCDE 2022). Además, el Consejo General del Poder Judicial lleva años sin renovarse por bloqueo político, lo que genera desconfianza en la independencia real de la justicia.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un pacto de Estado con garantías reales de independencia: renovación automática del CGPJ con mayorías cualificadas (evitando bloqueos), aumento del 30% de jueces y personal administrativo en 4 años, implantación urgente del expediente digital en todos los juzgados, y creación de órganos de ejecución de sentencias con recursos equivalentes a la Agencia Tributaria. Todo esto con rendición de cuentas pública mensual.
El problema
España gasta más dinero público por habitante que hace una década pero la eficiencia está en cuestión: el gasto público creció un 23% entre 2008 y 2022 mientras la productividad apenas avanzó un 3%, y los ciudadanos perciben que los servicios no mejoran proporcionalmente. Además, existen solapamientos entre administraciones (estatal, autonómica, local) que generan duplicidades costosas sin que nadie las coordine efectivamente.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un sistema de gestión del dinero público basado en resultados medibles (no solo en gastar): crear observatorios independientes que publiquen regularmente qué mejoras genera cada euro invertido, establecer condicionalidad real en ayudas públicas (que las empresas que reciban dinero cumplan objetivos de empleo y sostenibilidad verificables), fortalecer la coordinación entre administraciones para eliminar duplicidades, e implementar auditorías de eficiencia que marquen objetivos cuantitativos de mejora cada año.
El problema
España tiene una democracia representativa donde los ciudadanos participan en decisiones fundamentales solo cada 4 años mediante elecciones. Los referéndums vinculantes son excepcionales y limitados legalmente, mientras que países como Suiza celebran entre 4 y 10 votaciones populares anuales sobre leyes concretas. El 68% de españoles demanda más participación directa en asuntos que les afectan (CIS 2023).
Propuesta Sarastro
Crear un sistema de referéndums vinculantes sobre cuestiones de impacto ciudadano directo (tributos, cambios constitucionales, políticas sociales de envergadura), convocables por iniciativa legislativa popular con 500.000 firmas verificadas, celebrados simultáneamente con elecciones para reducir costes, con quórum del 50% de participación y mayoría simple. Mantener la deliberación parlamentaria previa obligatoria de 90 días con argumentos a favor y en contra publicados.
El problema
España no ha implementado voto electrónico en elecciones generales mientras 27 países europeos lo han adoptado parcialmente. El voto en papel genera costes de logística, almacenamiento y requiere 100.000 voluntarios por convocatoria, con un margen de error humano documentado en actas de 0,3-0,5% en municipios pequeños (datos INE 2019-2023).
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un plan piloto de voto electrónico seguro en 50 municipios de menos de 5.000 habitantes durante una convocatoria autonómica, con supervisión de partidos, ciberseguridad certificada por terceros independientes y auditoría presencial de urnas electrónicas después del escrutinio. Implementación progresiva a nivel estatal solo si los pilotos demuestran seguridad equivalente o superior al voto en papel, transparencia total del código y reducción real de costes operativos verificables.
El problema
España ocupa el puesto 32 de 37 países de la OCDE en percepción de corrupción en administración pública, y el 61% de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España no se cumplen en plazo (según denuncias de organizaciones internacionales). Los cargos públicos no tienen obligación legal de publicar patrimonio, ingresos ni conflictos de interés en tiempo real y accesible.
Propuesta Sarastro
Plataforma digital única, gratuita y en tiempo real que publique automáticamente: patrimonio, ingresos, contratos de empresas donde trabajaban cargos públicos los últimos 5 años, y votaciones nominales de diputados. Crear Oficina de Integridad Pública con poder inspector y capacidad sancionadora, reportando directamente a Cortes. Obligar a divulgación de reuniones con lobbies. Auditoría anual de resultados de políticas públicas con publicación de fracasos y éxitos medibles.
El problema
España mantiene una monarquía parlamentaria con un gasto anual de 8,5 millones de euros en la asignación constitucional del rey, más partidas presupuestarias dispersas en otros ministerios. A esto se suma la opacidad en las cuentas reales de la Casa Real y la ausencia de control parlamentario efectivo sobre los privilegios monárquicos, mientras otros países europeos han reformado o eliminado estos sistemas con mayor transparencia.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un acuerdo de mínimos: mantener la forma monárquica actual mientras se someta a control parlamentario real, se auditen todas las partidas presupuestarias dispersas, se elimine la opacidad en los ingresos de la Corona, y se establezca un referéndum vinculante sobre la forma de Estado a convocarse en la próxima legislatura tras resolver el conflicto político territorial. Esto acomoda a quienes ven la monarquía como estable y a quienes demandan transparencia democrática.
El problema
El problema no es que existan partidos territoriales ni que negocien. El problema aparece cuando la fragmentacion convierte a fuerzas con apoyo limitado a escala estatal en arbitros recurrentes de decisiones generales sin una relacion clara entre votos, escanos, condiciones y consecuencias.
Propuesta Sarastro
Reformar las reglas de investidura y negociacion parlamentaria para que ningun partido con apoyo territorial limitado tenga de forma recurrente poder de veto desproporcionado sobre decisiones generales del pais. La reforma debe preservar la representacion de territorios y minorias, pero exigir transparencia, proporcionalidad y debate publico de las condiciones que afecten al conjunto de la ciudadania.
· BLOQUE 2 ·
El problema
España tiene una recaudación fiscal del 39,5% del PIB, por debajo de la media de la UE (41,5%), mientras que el fraude fiscal ronda los 80.000 millones anuales. Al mismo tiempo, existe desigualdad en la carga impositiva: las grandes corporaciones y patrimonios liquidan menos proporcionalmente que la clase media trabajadora (Eurostat 2023, INE).
Propuesta Sarastro
Reforma fiscal integral que aumente la recaudación mediante la lucha decidida contra el fraude y la evasión (especialmente en grandes patrimonios y plataformas digitales), simplifique el sistema tributario para facilitar el cumplimiento voluntario, redistribuya la presión fiscal desde el trabajo hacia el capital y el consumo especulativo, y garantice que la clase media no financie desproporcionadamente el estado de bienestar.
El problema
España tiene una tasa de emprendimiento del 5,5% frente al 7,8% de media europea, y sus pymes crecen más lentamente que las de países como Alemania o Francia (Eurostat 2023). El 99,8% de nuestras empresas son pymes, pero solo el 15% logra crecer sostenidamente más allá de 5 años.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un ecosistema emprendedor integrado: una tarifa 0 en cuotas para autónomos nuevos (primer año), fondos de garantía pública con condiciones laxas para startups y pymes verdes, reducción de trámites administrativos mediante ventanillas únicas digitales, y bonificaciones en Seguridad Social para contrataciones en zonas rurales y emprendimiento femenino. Además, crear centros de emprendimiento en red que combinen asesoramiento técnico, acceso a capital riesgo y formación dual con empresas.
El problema
España tiene casi un 30% de desempleo juvenil, el segundo más alto de la UE, y el 23% de trabajadores tiene contratos precarios o a tiempo parcial involuntario. El salario medio español sigue siendo un 15% inferior al de la media europea (Eurostat 2023).
Propuesta Sarastro
Un Plan integral de empleo juvenil que combine: (1) formación en alternancia empresa-escuela con garantía de contratación indefinida tras 12 meses; (2) bonificaciones fiscales a empresas que contraten jóvenes menores de 30 años con contratos permanentes; (3) flexibilidad horaria y derecho a desconexión digital para equilibrar trabajo y vida personal; (4) garantía estatal de acceso a crédito blando para emprendimiento joven, especialmente en zonas rurales.
El problema
España tiene una deuda pública del 113% del PIB (2023), la tercera más alta de la UE-27, mientras que su crecimiento económico es del 2,5% anual. El déficit estructural impide financiar políticas sociales sin aumentar impuestos o reducir inversión, y el servicio de la deuda consume el 3,2% del presupuesto estatal.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un pacto de sostenibilidad a tres vías: (1) reforma profunda de la fiscalidad que cierre brechas con rentas altas y multinacionales, aumentando ingresos sin asfixiar PYMES; (2) flexibilización negociada de las reglas fiscales europeas para permitir inversión verde y social sin penalizar el déficit; (3) reducción selectiva del gasto impropio del sistema público (subsidios sin eficiencia) y aumento de productividad mediante digitalización, no recortes sociales.
El problema
España tiene 3,2 millones de empleados públicos (13% de la población activa), por encima de la media europea del 11%, con costes de gestión elevados y procesos de selección lentos que generan precariedad temporal. La tasa de contratación temporal en el sector público alcanza el 26%, mientras que en la UE-27 es del 12% (Eurostat 2023).
Propuesta Sarastro
Programa nacional de estabilización laboral que incorpore: convocatorias anuales de oferta de empleo público transparentes, reducción del tiempo de selección de 2 años a 6 meses mediante digitalización, establecimiento de salarios competitivos según desempeño demostrado, y formación obligatoria en nuevas competencias cada 2 años. Inversión de 800 millones/año en tecnología administrativa para que funcionarios dediquen el 30% menos de tiempo a trámites.
El problema
En España hay 3,2 millones de autónomos, pero el 40% de ellos gana menos de 1.200 euros mensuales netos, muy por debajo de la media europea; además, carecen de protección ante desempleo involuntario y enfrentan cotizaciones regresivas que penalizan los ingresos bajos. España tiene la segunda tasa más alta de falsos autónomos de la UE, con trabajadores dependientes clasificados como independientes para evadir derechos laborales.
Propuesta Sarastro
Implementar un régimen de cotización mínima garantizada para autónomos con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales, creando un fondo de contingencia laboral solidario nutrido con aportaciones empresariales para protegerlos ante cese involuntario; simultanear esta medida con sanciones firmes a la subcontratación fraudulenta y fortalecer los servicios públicos de orientación empresarial en zonas rurales y urbanas desfavorecidas, especialmente para mujeres emprendedoras.
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El problema
España gasta el 9,1% del PIB en sanidad, por debajo de la media de la UE-27 (10,5%), y tiene 230.000 pacientes en espera de cirugía según datos del Ministerio de Sanidad de 2023. La atención primaria sufre colapso con médicos de cabecera que atienden 2.000-3.000 pacientes cada uno, muy por encima de los estándares recomendados de 1.500.
Propuesta Sarastro
Sistema sanitario sostenible mediante: (1) aumento estructural de financiación pública hasta el 10,5% del PIB en cinco años, priorizando atención primaria; (2) creación de 50.000 nuevas plazas sanitarias con planes de relevo generacional y mejora salarial; (3) reducción de listas de espera quirúrgicas a máximo 60 días mediante digitalización de diagnóstico y cirugía robotizada; (4) pacto territorial entre Estado y CCAA garantizando estándares mínimos nacionales con financiación predecible a largo plazo.
El problema
España tiene una crisis de salud mental sin precedentes: ha duplicado las consultas psicológicas en atención primaria en cinco años, pero solo 1 de cada 3 personas que la necesitan recibe tratamiento; además, el suicidio es la primera causa de muerte violenta en el país con más de 3.500 casos anuales, y entre jóvenes de 15 a 29 años es la segunda causa de muerte tras los accidentes. La brecha entre demanda y recursos sanitarios especializados es insostenible.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone una reforma estructural que incremente los psicólogos clínicos en centros de salud (objetivo: 1 por cada 3.000 habitantes en tres años), establezca programas de detección precoz en educación secundaria, cree unidades especializadas de salud mental infanto-juvenil con recursos dedicados, e implemente un sistema de vigilancia de riesgos psicosociales en empresas con más de 50 trabajadores. Esto requiere financiación específica pero genera ahorro en urgencias hospitalarias y bajas laborales.
El problema
España invierte en educación el 4,3% del PIB frente al 5,2% de media europea, con resultados mediocres en PISA (491 puntos en matemáticas vs 489 de media OCDE) pero con desconexión crónica entre formación ofrecida y empleabilidad: el 40% de graduados en FP no encuentran empleo en su especialidad en el primer año. Además, la tasa de abandono escolar temprano es del 13,9%, casi el doble que Alemania (5,6%), y existe alta variabilidad regional que agrava desigualdad (OCDE 2023, INE).
Propuesta Sarastro
Crear un Pacto de Estado por la Educación a 20 años que incluya: (1) inversión hasta 5,5% del PIB en plazos predeterminados; (2) agencia independiente de evaluación educativa con transparencia pública de resultados por región y centro; (3) programa nacional de reciclaje docente en pedagogía digital y competencias transversales; (4) integración real de empleadores en diseño curricular para FP, garantizando pasantías remuneradas; (5) bonificación fiscal para empresas que cofinancien educación técnica dual. Todo con financiación mixta público-privada pero control público de calidad.
El problema
España tiene el 29,3% de desempleo juvenil (segundo peor de la UE), el abandono educativo ha vuelto a crecer por primera vez en una década, y los resultados en evaluaciones internacionales (PISA, TIMSS, PIRLS) están por debajo de la media europea. Al mismo tiempo, existe desajuste entre la formación ofrecida y las demandas del mercado laboral.
Propuesta Sarastro
Crear 250.000 nuevas plazas de Formación Profesional orientadas a transición digital y ecológica, con financiación pública garantizada a largo plazo. Establecer una gobernanza de coordinación permanente entre Administración, empresas y universidades para alinear curricula con necesidades reales del mercado. Digitalizar la educación superior y profesional sin excluir poblaciones rurales. Garantizar que el 90% de la población rural tenga acceso de calidad a formación profesional presencial o telemedicina.
El problema
España tiene una de las tasas de pobreza entre pensionistas más altas de Europa (17,3% en 2022) y las pensiones mínimas están 300 euros por debajo de la línea de pobreza; además, el sistema depende cada vez más de trabajadores jóvenes (relación activos/jubilados ha pasado de 2,5 en 2010 a 1,9 en 2023) mientras la esperanza de vida sigue creciendo.
Propuesta Sarastro
Establecer pensiones mínimas en el 60% del salario medio (de los actuales 43%), vincular automáticamente todas las pensiones al IPC real (no estimado), crear un fondo de estabilización temporal con aportación estatal clara para los próximos 15 años mientras se restaura la relación activos/jubilados mediante inmigración legal ordenada, y prohibir disposiciones discrecionales del Fondo de Reserva.
El problema
En España, el 28% de la población gasta más del 40% de sus ingresos en vivienda, frente al 20% de media europea (Eurostat 2022). El parque público de vivienda representa apenas el 2% del total, mientras en Austria o Países Bajos alcanza el 20-25%. Los precios de alquiler han subido un 35% en cinco años sin que la oferta pública crezca.
Propuesta Sarastro
Crear un parque público de 500.000 viviendas en diez años (1% anual del PIB invertido) mediante compra de viviendas ya construidas, movilización de vivienda vacía y nuevas construcciones. Garantizar alquileres máximos vinculados al 30% de la renta familiar en zonas tensionadas, con ayudas fiscales solo para pequeños propietarios que cumplan. Acelerar desalojos de ocupaciones ilegales a 48 horas con protección efectiva de vulnerables mediante acceso garantizado a vivienda pública o ayuda al alquiler privado.
El problema
España tiene 3,1 millones de personas viviendo en viviendas precarias o inadecuadas, y el precio medio de la vivienda consume el 45% de la renta de los jóvenes, frente al 27% en la UE (Eurostat 2023). El parque público representa solo el 2% del total, la mitad que la media europea.
Propuesta Sarastro
Crear 250.000 viviendas públicas en alquiler a precio controlado en cinco años, con prioridad a menores de 35 años y familias monoparentales. Financiar rehabilitación térmica de viviendas antiguas (500.000 anuales) para reducir gastos energéticos. Establecer tope de precio de alquiler en zonas de demanda alta basado en el 30% de la renta media local. Crear un banco público de suelo para garantizar vivienda asequible a largo plazo.
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El problema
España tiene una tasa de desempleo juvenil del 29% (casi el doble de la media europea del 15%), y los programas electorales reconocen que la inteligencia artificial eliminará empleos en sectores tradicionales sin certeza sobre cuántos nuevos creará. Simultáneamente, no existe un plan nacional coordinado para reconvertir trabajadores ni para garantizar que la transición tecnológica beneficie a todos.
Propuesta Sarastro
Plan integral de transición laboral con tres pilares: (1) Formación continua obligatoria en tecnología y habilidades digitales financiada con fondos europeos, con reconocimiento y certificación laboral; (2) Reconversión sectorial dirigida hacia industria verde, microelectrónica y servicios digitales, con ayudas directas a empresas que mantengan empleo durante la transformación; (3) Renta de transición para trabajadores desplazados por automatización durante 18 meses mientras se requalifican, sin perder derechos de seguridad social.
El problema
España depende casi totalmente de tecnología extranjera en semiconductores, inteligencia artificial y computación en la nube, mientras que invierte menos del 1,3% del PIB en I+D+i frente al 3,2% de Alemania. Nuestros datos personales y empresariales se procesan mayoritariamente en servidores controlados por empresas estadounidenses o chinas, sin control público sobre seguridad ni privacidad.
Propuesta Sarastro
Crear un fondo público-privado de 2.000 millones anuales para desarrollar tecnología crítica europea (semicondutores, IA, ciberseguridad) con participación estatal en empresas estratégicas sin nacionalizar. Establecer data centers públicos certificados en suelo español para administraciones y empresas críticas. Obligar a las plataformas digitales a almacenar datos europeos bajo regulación RGPD con auditorías anuales. Formar 50.000 técnicos en ciberseguridad en 5 años con becas del Estado.
El problema
España sufre más de 100 millones de ciberataques mensuales y ocupa el puesto 18 en la UE en madurez de ciberseguridad, mientras que nuestras infraestructuras críticas (energía, agua, sanidad) dependen cada vez más de sistemas digitales vulnerables. Las administraciones públicas españolas carecen de coordinación centralizada en defensa cibernética, a diferencia de Francia, Alemania o Italia (Eurostat 2023).
Propuesta Sarastro
Crear una Agencia Nacional de Ciberseguridad con autoridad ejecutiva sobre infraestructuras críticas, financiada con 500 millones anuales iniciales, que coordine actuaciones del CNI, Policía Nacional y Guardia Civil. Establecer obligaciones de auditoría cibernética trimestral en empresas de agua, energía y sanidad, con sanciones reales por incumplimiento. Formar 5.000 especialistas en ciberseguridad mediante alianzas con universidades en tres años. Garantizar la soberanía de datos públicos exigiendo que los servidores del Estado residan en territorio español.
El problema
España no tiene una ley integral específica sobre regulación de redes sociales mientras la UE avanza con la Ley de Servicios Digitales. El ciberacoso y la violencia digital crecen sin marco legal claro: un 40% de jóvenes españoles ha sufrido acoso online (datos de organizaciones de defensa de menores, 2023). Las plataformas operan con mínima responsabilidad sobre contenidos y datos de usuarios.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone: (1) Una ley marco integral que tipifique violencia digital y ciberacoso con procedimientos ágiles, alineada con la Ley de Servicios Digitales europea pero con implementación española más rápida; (2) Refuerzo permanente de UFAM, EMUME y unidades cibernéticas con presupuesto garantizado; (3) Crear una Agencia Independiente de Supervisión Digital que vigile algoritmos y datos sin depender de gobiernos de turno; (4) Obligación de transparencia radical: las plataformas deben publicar trimestralmente cómo moderan contenidos y cómo funcionan sus algoritmos.
El problema
España tiene una administración pública fragmentada en 17 comunidades autónomas con sistemas digitales incompatibles entre sí, lo que genera duplicación de trabajo, errores en la gestión de datos y ciudadanos que deben repetir trámites. Según el Índice de Economía y Sociedad Digital de la UE (DESI 2023), España ocupa el puesto 13 de 27 en servicios públicos digitales, muy por debajo de Dinamarca, Estonia y Finlandia.
Propuesta Sarastro
Crear una plataforma digital única e interoperable entre administraciones que permita al ciudadano acceder a servicios desde cualquier ventanilla sin repetir datos, con garantías de ciberseguridad y protección de privacidad. Establecer un calendario obligatorio de migración digital para trámites esenciales (emisión de documentos, subsidios, permisos), con formación específica para empleados públicos y líneas de atención telefónica para quienes no tengan acceso digital. Financiar esta transformación con fondos europeos sin aumentar carga impositiva.
El problema
España no tiene una estrategia espacial propia definida ni presupuesto dedicado equivalente al de sus vecinos europeos. Francia invierte 700 millones anuales en space, Alemania 900 millones, mientras España apenas destina 300 millones repartidos entre múltiples organismos sin coordinación clara. Esto nos coloca en dependencia tecnológica y militar de socios europeos en un sector que controla comunicaciones, datos y defensa.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone: (1) Agencia Espacial Española con presupuesto mínimo de 500 millones anuales en cinco años, financiada con Fondos Next Generation y presupuestos autonómicos coordinados; (2) Centros de excelencia en satélites de comunicación y observación terrestre en tres polos tecnológicos (Barcelona, Madrid, Andalucía); (3) Plan de atracción de talento de españoles retornados del sector aeroespacial con visados especiales y apoyo a emprendimiento space-tech; (4) Acuerdos público-privados con empresas de lanzamiento y fabricación, priorizando participación española en misiones europeas de defensa y clima.
· BLOQUE 5 ·
El problema
España cierra centrales nucleares mientras importa energía nuclear de Francia a precios crecientes, y mantiene una factura eléctrica un 40% superior a la media europea pese a tener el mejor potencial renovable del continente. El sector nuclear ocupa solo el 6% de la generación eléctrica española en 2023, frente al 70% en Francia (Eurostat 2023).
Propuesta Sarastro
España necesita un mix energético realista: acelerar renovables mediante permisos ágiles, mantener el parque nuclear actual operativo mientras se evalúa seguridad, invertir en almacenamiento energético y red inteligente, y recuperar competencias en distribución eléctrica para romper oligopolios. Todo esto con una tasa eléctrica estable que proteja a vulnerables sin subvenciones permanentes.
El problema
España genera el 46,7% de su electricidad con renovables (2022), por encima de la media europea del 38%, pero sigue importando energía fósil cara: el gas natural representa el 13% del consumo energético total y los precios de la electricidad se disparan en picos de demanda. Además, la transición energética no llega equitativamente a todas las regiones ni beneficia por igual a trabajadores de sectores en declive como la minería del carbón.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un plan de transición energética acelerado pero territorializado: 500.000 viviendas rehabilitadas anualmente con aislamiento térmico y sistemas eficientes (ahorro de 400€/año por hogar), masificación de autoconsumo solar residencial sin barreras administrativas, desarrollo agresivo del hidrógeno verde como energía para industria, y garantía de que los beneficios económicos de las renovables reviertan en empleo local en las comarcas donde se instalan parques eólicos y solares. Todo financiado con fondos europeos de recuperación y con gobernanza pública-privada transparente.
El problema
España importa el 73% de su energía y depende de combustibles fósiles para el 60% de su consumo, mientras que paga precios de electricidad entre un 30-40% más altos que la media europea. Esta dependencia externa nos hace vulnerables a crisis geopolíticas y presupuestariamente ineficientes.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone: crear empresas públicas de energía renovable que venda a precio competitivo en mercado abierto (no monopolios); acelerar la instalación de placas solares en edificios públicos y viviendas con créditos blandos; invertir en almacenamiento de energía mediante baterías nacionales; y negociar conjuntamente con Europa una compra agregada de energía renovable para reducir precios. Todo ello con transparencia pública en costes y resultados.
El problema
España depende de importaciones de energía fósil en un 74% y ha registrado pobreza energética en 3,5 millones de hogares (2021), mientras que el cambio climático genera pérdidas económicas estimadas en 0,4% del PIB anual. Nuestro sector manufacturero pierde competitividad ante regulaciones climáticas más estrictas que en competidores internacionales.
Propuesta Sarastro
Plan integrado de transición energética que combine: (1) acelerar renovables con objetivo vinculante de carbono neutro en 2050 mediante reindustrialización verde que genere empleo local verificable; (2) garantizar asequibilidad energética mediante fondos específicos para vulnerables mientras se ejecuta; (3) recuperar soberanía agroalimentaria y agroforestal con incentivos a gestión ordenada del territorio como factor de seguridad nacional frente a riesgos climáticos extremos.
El problema
España pierde población rural acelerademente: entre 2011 y 2023 más de 2 millones de personas abandonaron municipios menores de 5.000 habitantes, mientras que el 50% de territorio nacional tiene menos de 12,5 habitantes por km² (INE). Esta despoblación genera servicios públicos inviables, cierre de comercios y envejecimiento de la población que permanece.
Propuesta Sarastro
Crear un fondo específico de 500 millones anuales para: acelerar fibra óptica al 100% rural (meta 2025), establecer bonificaciones de cuotas de Seguridad Social para empresas que contraten en municipios menores de 10.000 habitantes durante 5 años, garantizar ciclos de Formación Profesional en transición energética en el medio rural, y articular un mecanismo de evaluación territorial en todas las políticas públicas para evitar que beneficien solo a ciudades. Priorizar la acuicultura sostenible y silvicultura ordenada como generadores de empleo estable.
· BLOQUE 6 ·
El problema
España tiene una desigualdad estructural que se perpetúa generacionalmente: el 30% de jóvenes está en paro (segundo de la UE), el abandono escolar ha repuntado tras una década de mejora, y las evaluaciones internacionales (PISA, TIMSS) muestran un rendimiento educativo decepcionante que limita la movilidad social. La brecha de género persiste en empleo, salarios y cuidados, mientras que la violencia machista sigue siendo una lacra con decenas de miles de víctimas anuales.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un pacto nacional por la igualdad real que articule cuatro ejes: (1) Educación como ascensor social garantizado mediante refuerzo de recursos en primaria y secundaria, especialmente en territorios desventajados, con formación profesional de calidad accesible; (2) Protección integral contra violencia machista mediante agencias especializadas, acceso rápido a justicia y recursos sociosanitarios para víctimas; (3) Políticas de conciliación laboral-familiar con permisos equivalentes, flexibilidad horaria real y corresponsabilidad en cuidados que superen los estereotipos de género; (4) Inclusión activa de personas en riesgo de exclusión (rural, migrantes, con discapacidad) mediante empleo de calidad, no asistencialismo temporal.
El problema
España recibe más de 500.000 migrantes anuales en los últimos años, con cifras de irregularidad en torno al 30-40%, mientras que países como Alemania o Francia han establecido cuotas y criterios de selección por necesidades laborales. La falta de coordinación europea y la concentración en Canarias, Ceuta y Melilla genera tensiones territoriales (Canarias recibió 23.000 migrantes en 2022 frente a 1.200 en 2020).
Propuesta Sarastro
Sarastro propone: (1) Establecer vías claras de migración laboral circular según demandas sectoriales reales, con convenios bilaterales con países de origen; (2) Reforzar centros de acogida y espacios de integración en todas las comunidades autónomas con reparto equitativo, evitando sobrecarga en territorios fronterizos; (3) Crear un sistema de información previa en consulados sobre derechos, obligaciones fiscales y laborales para facilitar arraigo legal; (4) Combatir mafias de tráfico sin criminalizar a migrantes irregulares, diferenciando entre explotación y irregularidad administrativa.
El problema
España tiene 1.649 homicidios dolosos anuales y una tasa de 3,5 por 100.000 habitantes, superior a la media europea de 3,0 (Eurostat 2022). La violencia de género registra 55 muertes anuales, la ocupación ilegal de viviendas creció un 287% entre 2018 y 2023, y la confianza ciudadana en seguridad está por debajo de la media OCDE.
Propuesta Sarastro
Crear un modelo de seguridad ciudadana que equilibre tres pilares: (1) Dotación real de recursos humanos y tecnológicos a Policía Nacional y Guardia Civil con independencia de competencias autonómicas conflictivas; (2) Protección integral a víctimas mediante oficinas de atención especializadas con psicólogos y trabajadores sociales desde la denuncia hasta sentencia; (3) Desalojos ágiles de ocupaciones sin sacrificar garantías jurídicas, con procedimientos de 24-48 horas para casos flagrantes; (4) Estrategia de inteligencia criminal coordinada contra mafias de trata y tráfico, con equipos conjuntos binacionales.
El problema
España tiene una de las tasas más bajas de natalidad de Europa (1,19 hijos por mujer en 2022, frente a 1,53 de media UE) y las mujeres españolas dedican 4,5 horas diarias a tareas domésticas frente a 2,5 horas de los hombres, lo que explica por qué casi el 30% de las mujeres reduce su jornada laboral por cuidados familiares mientras menos del 3% de hombres lo hace (Eurostat 2023).
Propuesta Sarastro
Sarastro propone: (1) Garantizar cobertura universal y gratuita de escuelas infantiles 0-3 años al 90% antes de 2027, financiado con fondos europeos ya disponibles. (2) Establecer un permiso de paternidad igual al de maternidad (mínimo 16 semanas remuneradas ambos progenitores) como estándar legal. (3) Crear un observatorio de brecha de tiempo (no solo salarial) en cada comunidad autónoma que mida y sancione empresas donde las mujeres trabajen más horas no remuneradas. (4) Ampliar los juzgados especializados en violencia de género con personal multidisciplinar (psicólogos, trabajadores sociales) dentro de los juzgados, con seguimiento integral de víctimas.
El problema
España mantiene leyes de amnistía (1977) y secretos oficiales que impiden el esclarecimiento de crímenes franquistas: según el Banco de Datos de la Memoria Histórica, hay aproximadamente 114.000 desaparecidos sin identificar de la Guerra Civil y la dictadura, y los tribunales españoles cierran casos argumentando prescripción legal incompatible con estándares internacionales de derechos humanos.
Propuesta Sarastro
Crear un mecanismo institucional de verdad, justicia y reparación con enfoque de género e interseccional que: (1) ejecute completamente la Ley de Memoria Democrática con financiación suficiente y cronograma; (2) abra una comisión de evaluación de reparaciones económicas reales para todas las víctimas sin discriminación; (3) garantice el derecho a conocer la verdad mediante acceso desclasificado a archivos, sin automatizar impunidad legal; (4) reconozca institucionalmente a mujeres, LGTBI+ y represaliados de todas las fases históricas, integrando memoria en educación obligatoria.
· BLOQUE 7 ·
El problema
España carece de una regulación específica sobre medios de comunicación independientes y pluralismo mediático. Según el Índice de Pluralismo de Medios de Reuters 2023, España ocupa el puesto 24 en Europa en diversidad de propiedad mediática, con alta concentración en grupos privados (Atresmedia y Mediaset controlan el 60% de la audiencia televisiva). No existe ley que garantice la independencia editorial ni mecanismos efectivos de control público sobre conflictos de intereses en comunicación.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone una Ley de Pluralismo Mediático que: 1) establezca límites a la concentración de propiedad en grupos audiovisuales (máximo 30% de audiencia por propietario); 2) cree un Consejo Independiente de Medios con representación paritaria de sociedad civil, académicos y profesionales (sin cargos políticos); 3) garantice financiación pública transparente a medios independientes y locales mediante criterios objetivos; 4) reconozca derecho de rectificación digital y trazabilidad de propiedad en plataformas digitales.
El problema
España ocupa el puesto 32 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional (2022), por debajo de la media europea. La corrupción institucional genera desconfianza: según el CIS (2023), el 73% de españoles cree que la corrupción es un problema grave en las administraciones públicas, y casos como los de la Gürtel o financiación irregular de partidos han afectado la credibilidad de instituciones clave.
Propuesta Sarastro
Crear una Autoridad Anticorrupción Independiente con capacidad investigadora propia, acceso irrestricto a información pública en plataformas digitales, establecer incompatibilidades efectivas entre cargos públicos y privados, y vincular la financiación de las administraciones locales a cumplimiento verificable de estándares de transparencia. Implementar auditorías públicas de impacto de políticas usando fondos europeos.
El problema
Solo el 32% de los españoles participa en consultas públicas digitales, frente al 48% de media en la UE, y la brecha digital excluye al 18% de la población rural de acceso a servicios de participación en línea (INE 2022). Además, las administraciones públicas españolas carecen de sistemas integrados que permitan a los ciudadanos influir en decisiones que les afectan más allá del voto.
Propuesta Sarastro
Crear una plataforma digital estatal de participación ciudadana con tres capas: consultas vinculantes sobre decisiones que afecten directamente a barrios y municipios; laboratorios de innovación pública donde ciudadanos co-diseñen políticas con administración; formación digital obligatoria en centros cívicos para garantizar acceso real, no solo técnico. Garantizar que toda administración pueda recibir y responder propuestas ciudadanas en plazo máximo de 60 días, con justificación pública de por qué se aceptan o rechazan.
· BLOQUE 8 ·
El problema
España ocupa el puesto 27 de 27 en la UE en gasto de cooperación internacional (0,19% del PIB frente al 0,41% de media europea), tiene presencia débil en organismos multilaterales clave y su influencia diplomática ha sido históricamente menor que la de Francia o Alemania. Además, carece de una estrategia clara de posicionamiento geopolítico en un contexto donde China e India ganan poder.
Propuesta Sarastro
Sarastro propone un modelo de política exterior activa que equilibre defensa de intereses nacionales con responsabilidad global: aumentar gasto en cooperación al 0,35% del PIB en cinco años, crear un Consejo de Política Exterior permanente que integre visiones de todas las regiones españolas, reforzar presencia diplomática en África y América Latina con énfasis en cooperación comercial justa, y posicionar España como mediadora creíble en conflictos regionales aprovechando su historia y ubicación geográfica.
El problema
España gasta el 1,29% del PIB en defensa, por debajo del compromiso OTAN del 2%, mientras enfrenta amenazas híbridas, migratorias y de seguridad en fronteras (Ceuta, Melilla, Canarias) con recursos limitados. La integración de competencias de seguridad entre administraciones es fragmentada y genera solapamientos ineficientes.
Propuesta Sarastro
España debe alcanzar el 2% de gasto en defensa en 2025 destinado a modernización operativa, no solo armamento. Crear un mando integrado de fronteras bajo autoridad estatal que coordine Guardia Civil, Policía Nacional y, donde proceda, Fuerzas Armadas. Equiparar salarios de seguridad a media europea y establecer ciberseguridad como eje estratégico nacional. Mantener participación activa en OTAN garantizando autonomía en decisiones de política exterior.
El problema
España mantiene relaciones comerciales y diplomáticas limitadas con Latinoamérica comparadas con otras potencias europeas: el comercio bilateral representa solo el 4,5% del comercio exterior español, mientras que Francia, Alemania e Italia tienen presencia más fuerte en inversión directa y cooperación institucional en la región (Eurostat 2022). Además, falta una estrategia clara de España como puente entre Europa y América Latina en temas de políticas progresistas, derechos laborales y transición climática.
Propuesta Sarastro
Crear una estrategia integral que: (1) Establezca una Secretaría de Estado de Política Exterior Progresista que transversalice enfoque feminista, ambiental y de derechos laborales en todos los acuerdos con Latinoamérica; (2) Condicione acuerdos comerciales al cumplimiento de estándares de la OIT, ratificación del Acuerdo de París y protección de pueblos indígenas; (3) Impulse una alianza progresista iberoamericana con participación de gobiernos progresistas, sindicatos y organizaciones de sociedad civil para coordinar agendas compartidas en foros multilaterales; (4) Garantice que cada nueva ley de comercio exterior sea transferida automáticamente a gobiernos autonómicos para su aplicación territorial.
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